Cataluña exige una administración menos burocrática, más profesional y digitalmente eficiente
El Foro de Entidades para la Reforma de la Administración (FERA) ha promovido la participación de varias organizaciones económicas y sociales de Cataluña en un acto celebrado en La Llotja de Mar, con el objetivo de enviar un mensaje conjunto a los líderes políticos y administrativos sobre la urgente necesidad de modernizar las administraciones públicas.
El pasado miércoles 27 de noviembre, La Llotja de Mar fue el escenario de la presentación del Acuerdo de la sociedad civil para la reforma de la Administración, una propuesta liderada por FERA que ha unido a representantes de los ámbitos económico y social para exigir una transformación profunda de las instituciones públicas, adaptada a los desafíos actuales.
Este acuerdo ha contado con el apoyo de 300 entidades, incluidas cámaras de comercio, asociaciones empresariales, empleadores como el Gremio de Constructores, asociaciones profesionales y organizaciones del tercer sector. Entre ellas figuran las 13 cámaras de comercio catalanas, el Cercle d'Economia, Foment del Treball, el Gremio de Hoteles de Barcelona, el RACC, la Universidad de Barcelona y varias fundaciones y federaciones sociales, como la Fundación Pere Tarrés y la
Federación de Salud Mental de Cataluña.Las entidades firmantes han expresado su preocupación por la baja calidad de la administración pública catalana, un hecho que se pone de manifiesto en numerosos informes y clasificaciones, y por su impacto negativo en la competitividad económica. Por este motivo, han unido sus fuerzas para exigir a los partidos políticos y gobernantes un compromiso claro, con una visión a largo plazo, para implementar reformas profundas adaptadas a las necesidades
del siglo XXI.El sector económico y social advierte de que la eficiencia del sector público, responsable de gestionar la mitad del PIB catalán, es esencial para el progreso económico y la justicia social. Si la administración no optimiza estos recursos, se convierte en un obstáculo para el desarrollo y el bienestar colectivo
.El acuerdo presentado contiene propuestas concretas para avanzar hacia una administración más moderna, eficiente y participativa, que incluye un plan de acción con plazos, presupuesto y mecanismos de monitoreo para garantizar su implementación. Este llamamiento va dirigido tanto al Parlamento como al Gobierno de la Generalitat, a las administraciones públicas y a todas las fuerzas políticas catalanas. Las entidades advierten que vigilarán de cerca el cumplimiento de los objetivos establecidos
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Soluciones para una administración más competente
Entre las medidas prioritarias, se destacan la simplificación de los procedimientos administrativos, la reducción de la burocracia y la reestructuración de los procesos para minimizar las cargas para los ciudadanos y las empresas. También exige frenar el exceso de regulaciones, a menudo de baja calidad, que dificulta el progreso económico
y genera inseguridad jurídica.Otro punto clave es la profesionalización de los funcionarios públicos, siguiendo el ejemplo de países como Suecia y Canadá. Se propone que los puestos directivos sean ocupados por personas con la capacidad y experiencia adecuadas, superando la práctica de asignar puestos de responsabilidad en función de las afinidades políticas. Asimismo, se exige una ley que mejore la gestión del personal público, atraiga el talento joven y fomente mecanismos de evaluación rigurosos para garantizar la eficiencia de las políticas
públicas.En cuanto a la digitalización, el acuerdo destaca que la transformación tecnológica debe ser un instrumento para aumentar la eficiencia, evitando perpetuar los problemas existentes. Esto implica rediseñar los procesos antes de implementar las herramientas digitales, garantizando que estén al servicio de una gestión centrada en las necesidades de las personas
.Por último, se requieren medidas para reducir la parálisis administrativa causada por la complejidad regulatoria, ofreciendo a los empleados públicos un marco legal seguro que les permita actuar con agilidad y eficiencia. Este conjunto de reformas, consideradas inaplazables, son esenciales para garantizar un sector público que responda a los desafíos actuales y futuros
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