La póliza que necesita para proteger sus activos
La póliza de Responsabilidad Civil para Administradores y Directores es una forma de asegurar y proteger sus activos ante posibles reclamaciones en su contra que puedan materializarse en costosos procesos. Detallamos las particularidades de esta política
:¿Cuál es el propósito de la cobertura?
Gastos de defensa y posibles indemnizaciones como consecuencia de las reclamaciones cubiertas que se presenten contra la persona asegurada durante la vigencia de la póliza.
Algunas de las acusaciones más comunes incluyen:
-Incumplimiento de los deberes de un administrador
-Error de administración
-Falta de diligencia
-Errores u omisiones al proporcionar información financiera
-Falta de supervisión
¿Quién está asegurado?
Administradores (de hecho y de derecho) y directores presentes, pasados y futuros de forma anónima. Definición muy amplia que abarca a todas aquellas personas que desempeñan funciones de dirección
.¿Qué cubre?
Cuando la empresa tiene un riesgo, cubre la estructura de dependencia de la matriz hasta las filiales y los representantes de las empresas participantes.
¿Están cubiertas las demandas en los procedimientos penales?
Los gastos de defensa se anticipan hasta que se demuestre la culpabilidad del asegurado y siempre que no haya ninguna otra exclusión aplicable.
Por otro lado, el régimen de responsabilidad también es aplicable a las sociedades de responsabilidad limitada y a las mutualidades de la Seguridad Social y se ha incorporado a la legislación específica de otro tipo de entidades, como fundaciones y asociaciones:
-Cooperativas: Ley 27/1999, de 16 de julio, artículos 35.3 y 43.
-Fundamentos: Ley 50/2002 de 26 de diciembre, art. 17.
-Asociaciones: Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, art. 15.
-Cámaras de Comercio: Ley 3/1993 de 22 de marzo, art. 23.
-Mutualidades de la Seguridad Social: Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre
La Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio, también es aplicable a cualquier tipo de entidad, y a la responsabilidad que la misma Ley impone a los administradores y directivos.
Algunas de las legislaciones a tener en cuenta son la Ley de Sociedades de Capital, la Ley de Transparencia, la Ley de Quiebras y la Ley del Mercado de Valores, entre otras, así como la reciente modificación del Código Penal.
A ellas hay que añadir también todas las normas vigentes en otros países y que tienen su especial relevancia cuando la actividad de la sociedad se extiende más allá de nuestras fronteras.
Mónica Lerma
Jori Armengol & Associats